La crisis ambiental es grave, está diseminada en todos los países, incluido Perú, y siempre aparece entrelazada con severas problemáticas sociales. Esta afirmación, no es nueva y ha sido repetida por años. Posiblemente una de las novedades es que ya casi nadie puede argumentar que es inválida. Pero a pesar de todo ello, la pérdida del patrimonio natural no se detiene. 

En efecto, siguen avanzando la pérdida de biodiversidad, la deforestación o la contaminación de suelos y aguas. Por ejemplo, en Perú, la deforestación no se detiene, y las últimas cifras disponibles, para 2017, indican que se perdieron 143 mil hectáreas en la Amazonia. Las medidas para proteger esa riqueza ecológica siguen siendo insuficientes, y los programas de restauración ambiental van muy por detrás del ritmo de pérdida de la biodiversidad. No existen tecnologías realmente seguras que impidan los impactos de actividades riesgosas, como por ejemplo los extractivismos mineros o petroleros.

Es por todo esto que resulta evidente que se debe apuntar a otro tipo de reacciones, a otro modo de entender nuestras relaciones con la Naturaleza. Insistir con los viejos instrumentos, sean políticos, económicos o tecnológicos, ya no es suficiente, y se vuelve indispensable atacar un plano más profundo.

Ese es el espíritu que alimenta las propuestas de reconocer a la Naturaleza como un sujeto, con sus propios valores y por ello revestida de derechos. Es apuntar a esas raíces culturales que sostienen la depredación del ambiente y transformarlas por otro tipo de vínculo.

El primer paso sustantivo en esa dirección ocurrió en América Latina con el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza o de la Pachamama en la Constitución de Ecuador de 2008. Han pasado diez años de esa innovación, que no sólo admitía que la Naturaleza tenía valores propios que eran independientes de las utilidades para el ser humano, sino que lo hacía desde una mirada intercultural. El texto constitucional proponía un abordaje donde esos derechos se otorgaban a los entendimientos de la Naturaleza, basados en los saberes occidentales, como a la Pachamama, respetando las cosmovisiones de algunos pueblos indígenas. También se evitaba un simplismo, ya que los derechos estaban basados en un colectivo, la Naturaleza, y con ello las especies, por lo que el mandato era asegurar su sobrevida. Eso explica que esa formulación no implicara una Naturaleza intocada, sino que los usos y aprovechamientos debían estar enmarcados en los ritmos y capacidades de cada ambiente.

Aquella formulación ecuatoriana generó tanto críticas como escepticismos, y su aplicación logró algunos avances, aunque se estancó ante formidables oponentes, como fueron los intereses petroleros. Pero alimentó avances tanto en América Latina (Bolivia, Colombia y Argentina), como en otros continentes (India y Nueva Zelandia, por ejemplo).

Dos recorridos y una meta

En estos últimos años, el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza se está desarrollando bajo dos perspectivas. Una de ellas se basa en extender la cobertura de los derechos jurídicos, y así como son concedidos por ejemplo a una empresa, dar unos pasos más otorgándolos a la Naturaleza. Ese es el camino tomado por la Corte Constitucional de Colombia, la que concedió esos derechos al río Atrato en 2016, y a toda la ecoregión amazónica en 2018.

Los dos casos deben ser observados con atención desde Perú, ya que la resolución de la corte colombiana responde a problemas ambientales que también están presentes en el país. En efecto, los derechos del río Atrato fueron una respuesta a su severo deterioro, esencialmente por contaminación derivada de la minería. Los derechos para la ecoregión amazónica son la reacción a la deforestación, que ocasiona tanto una pérdida de biodiversidad como una contribución de gases invernadero al cambio climático global, y que afectarían el futuro de los colombianos.

La contaminación por los extractivismos y la deforestación amazónica también son graves en Perú, y por ello es necesario reflexionar si no es necesario comenzar a explorar un camino similar. Es cierto que se puede argumentar que la crisis política y judicial del país hace que se defiendan otras prioridades, pero también es importante adelantar que cualquier reforma en esos ámbitos debe incluir la dimensión ambiental. La reconstrucción de la política y la justicia necesita incluir nuevas políticas ambientales y fortalecer una justicia ecológica.

Otra perspectiva sobre los derechos de la Naturaleza es la expresada en la constitución ecuatoriana. En ese país, distintas posturas, tanto de militantes, intelectuales y pueblos indígenas, coinciden en entender que la Naturaleza es un conjunto de sujetos no-humanos, y con ello inmediatamente se deriva la necesidad de reconocerles derechos. Aquí se parte de entenderla como sujeto y la consecuencia es el reconocimiento de los derechos. Esta es una posición intercultural que también debería ser atendida en Perú, debido a varios de sus pueblos indígenas del mismo modo entienden que los seres no-humanos son sujetos.

Sea por un camino o por otro, se está avanzando en la temática de los derechos de la Naturaleza. Ensayos similares han ocurrido en Bolivia, con dos leyes en esa materia, así como en Nueva Zelandia e India; en Argentina el congreso tiene a consideración un proyecto en esa materia. Estamos ante los umbrales de cambios sustanciales en los modos de entender y construir políticas ambientales.

Un observatorio y una necesidad

Como una contribución a ese cambio en los saberes y sentires sobre el ambiente, se está lanzando a lo largo de 2018 el “Observatorio de los Derechos de la Naturaleza”. Es una iniciativa que parte de la sociedad civil, y desde América Latina, con el objetivo de promover e investigar en el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza, y a la vez, monitorear su situación en el continente, para alertar allí donde sean violados.

El observatorio parte de asumir un marco básico de los derechos de la Naturaleza, y en esta primera etapa enfocado en América Latina, y desde allí identificar las principales violaciones, especialmente aquellas vinculadas con quiebres en los derechos de las personas. No olvidemos que, por ejemplo, la destrucción de la Naturaleza está acompañada de violencia con las comunidades locales. En un futuro cercano, la iniciativa se extenderá a otros continentes; su cobertura será global.

Este observatorio se presentó en Perú, en una mesa redonda convocada por RedGE y CooperAcción, el pasado 18 de julio. Compartí la mesa con Rocío Silva Santisteban, una conocida militante en temas de ambiente, derechos y feminismo, Ana Lyeva de CooperAcción y Luis Hallazi, un activo abogado que trabaja sobre derechos de pueblos indígenas, territorio y ambiente; la moderación fue de Ana Romero, de RedGE.

Rocío Silva además integra el comité asesor del observatorio, junto a Amparo Carvajal (presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia) y Gustavo Castro (mexicano que lidera la organización Otros Mundos muy activa en México y Centro América). El observatorio se apoya además en un conjunto de instituciones co-participantes que cubren un amplio espectro, incluyendo a CEDIB (Centro de Documentación e Información Bolivia), OFIS (Fundación Oficina de Investigaciones Sociales y del Desarrollo) que promueve el dialogo intercultural y la sustentabilidad en Ecuador, y el Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana en Bogotá (Colombia), con la coordinación de CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social).

Todos en la mesa coincidieron en la necesidad de promover ese enfoque, en entender la necesaria pluralidad de ideas que conlleva, y en la importancia de explorar otras vinculaciones con la Naturaleza. La necesidad y urgencia de ese esfuerzo no está en duda, y lo que está en marcha es una reflexión y ponderación de los distintos modos de lograrlo. Es un momento de exploración pero a la vez de urgencia ante la grave situación ambiental y social en toda América Latina.

Más información

La información sobre la iniciativa y una biblioteca con documentos y textos ya está disponible en www.naturerightswatch.com

El observatorio se presentó también en Buenos Aires (Argentina), el pasado 12 de julio y lo será en La Paz (Bolivia), el 7 de agosto en la Universidad Mayor de San Andrés. A lo largo del año seguirán presentaciones en Ecuador y Colombia.

Autor

Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Entre sus libros recientes se destacan “Derechos de la Naturaleza” (publicado por PDTG, CooperAcción, RedGE y CLAES) y “Extractivismos y Corrupción” (publicado por CooperAcción, RedGE y CLAES).